Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

José Rubén Garrido


Burocracia, cooperativismo y otros conceptos antagónicos.

¿Y los contratos menores?

En los últimos meses vienen sucediéndose noticias sobre la incorporación de cláusulas sociales en los contratos que celebran las distintas Administraciones Públicas. Es un asunto muy interesante y necesario, pero que muchas instituciones no han desarrollado todavía. Además, es una reivindicación central de la economía social y solidaria, defensora de una mejora de las condiciones laborales, sociales y medioambientales.

Pese a la importancia capital de este asunto, acceder a la información y poder optar a contratar con instituciones por parte de microempresas, pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores/as y con facturación anual menor de 10 millones de euros) y otras entidades de la economía social, se constituye como un elemento de enorme complejidad. Si no se posee información, o los responsables de contratación no invitan a los procesos a este tipo de entidades, el efecto de las cláusulas sociales tiene muy poco recorrido. ¡17 empresas se repartieron 3 de cada 4 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid entre 2010 y 2013!

La reciente aprobación de normas relativas a la transparencia en el sector público tampoco ha supuesto una transformación en este ámbito. La Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece, en su artículo 8 sobre información económica, presupuestaria y estadística, la obligación de hacer pública la información relativa a todos los contratos, con indicación del objeto, duración, importe, procedimiento e instrumentos de publicación. De igual forma, deben publicarse los datos estadísticos referidos a los contratos adjudicados según los procedimientos establecidos en la Ley de contratos. El caso de las leyes autonómicas sigue una línea similar a la estatal.

Madrid realiza una publicación trimestral de los contratos menores. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla también ofrece estadísticas sobre los distintos procedimientos de contratación. Ni la ley ni la gran mayoría de las instituciones públicas apuestan por la publicación de datos abiertos de calidad.

¿A qué empresas invitan?

Las normas que regulan la contratación pública suelen diferenciar los requisitos de publicación de las licitaciones según la cuantía de las mismas. Salvo error, y con numerosas excepciones, los datos relativos a las de menor cuantía son los siguientes:

CONTRATOS MENORES OBRAS < 50.000 €
OTROS CONTRATOS < 18.000 €
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD OBRAS ≥ 50.000 €
≤ 200.000 €
OTROS CONTRATOS ≥ 18.000 €
≤ 60.000 €

Por lo general, las Administraciones Públicas deben solicitar, que no recibir, un mínimo de tres ofertas para los procesos vinculados con contratos menores y negociados sin publicidad.

Si se realiza un análisis de las cantidades, este tipo de contratos son los más adecuados para empresas y entidades de tipo pequeño-medio, ya que estas no pueden asumir (por recursos materiales y humanos) compromisos de cuantías superiores.

Desgraciadamente, no existe una herramienta homogénea para que las pequeñas entidades puedan acceder, en igualdad de condiciones, a este tipo de contratos. A modo de ejemplo, se citan algunos casos:

En las Administraciones de menor tamaño, la publicación de licitaciones relativas a contratos de menor cuantía es prácticamente inexistente.

Por todo ello, los criterios para la invitación a participar en este tipo de procesos varían según la voluntad discrecional de los responsables de contratación de las distintas Administraciones. Participan las empresas con las que suelen trabajar frecuentemente; o las que están inscritas en un registro propio; o las que tienen mejores comerciales. El panorama para las pequeñas empresas, con recursos más limitados para destinar a funciones comerciales, es bastante poco esperanzador.

¿Es por flexibilidad?

Pese a la cantidad de noticias que se encuentran cada día sobre el oscurantismo de las Administraciones, y los vínculos con la corrupción, la flexibilidad y la necesidad de una gestión ágil es el principal motivo al que aluden las Administraciones para mantener este tipo de procedimientos. En cierto modo, es el dogma vinculado a la huída del derecho administrativo, tan analizado por la doctrina.

¿Qué propuestas hay?

Apostar por la transparencia y la información en este ámbito construirá unas mejores Administraciones, más eficaces, eficientes y que apuesten de una forma decidida por la igualdad, con todos los beneficios sociales que ello conlleva.

¿Más eficaces? La participación de un mayor número de empresas, aumentando la competencia real entre las mismas, conlleva la concurrencia de soluciones que apuesten más por la innovación y por la excelencia en la prestación del servicio.

¿Más eficientes? Estos procesos también pueden favorecer una mejor utilización de los recursos públicos.

¿Más iguales? Con la participación de las microempresas, las pequeñas empresas y/o entidades de la economía social, se favorece la igualdad real en el acceso a lo público. Pero además, lo que es más importante es que estas organizaciones puedan contratar con las Administraciones, lo cual posibilita una vinculación de lo público con valores empresariales más democráticos que defienden intereses sociales, laborales y medioambientales.

¿Y en lo concreto?

El debate está abierto y distintas herramientas, en la práctica, pueden determinar unos resultados similares. ¿Qué características debería tener la herramienta seleccionada?

  • Homogeneidad: la elección de una misma herramienta por todas las Administraciones facilitaría la comprensión y participación de las entidades interesadas.
  • Facilidad de acceso: en ocasiones, las trabas burocráticas suponen una auténtica barrera para la entrada de organizaciones que no cuentan con grandes gabinetes jurídico-económicos que puedan salvarlos.
  • TIC: las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan acceder y difundir información de forma rápida, sencilla y barata. Transparencia no es publicar las licitaciones en los paneles de información sitos en las dependencias municipales.

Por último, y para asegurar la necesaria flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones, la implementación de esta herramienta debe ir acompañada de:

  • Mayor planificación en la organización y desarrollo de las políticas públicas. Posibilitará que la publicación de las licitaciones necesarias se realice de una forma ordenada y con el tiempo necesario para la valoración de distintas opciones y la elección de la más idónea.
  • Mayor rigurosidad ante los incumplimientos. Vinculado a la flexibilidad y la necesaria excelencia en la gestión de lo público, un mayor control de las entidades y las desviaciones que provoquen, permitirá que las que opten a contratos públicos apuesten decididamente por la ejecución real de los mismos.

About the author

José Rubén Garrido


Discussions

comments powered by Disqus